Un adolescente de 14 años recibe una citación en comisaría tras una pelea a las puertas de su colegio. Sus padres reciben una llamada, sin saber exactamente qué pueden exigir ni a qué tiene derecho su hijo a negarse. Esta situación, frecuente y desconcertante, está sujeta a normas precisas que el Código de Justicia Penal de Menores regula estrictamente en función de la edad del menor y de la naturaleza de la medida.
Retención, detención policial o comparecencia voluntaria: qué cambia en la práctica
Antes incluso de hablar de derechos, hay que identificar la medida aplicada. Un menor de 11 años sospechoso de un robo no recibirá el mismo trato que un adolescente de 16 años detenido por una agresión. La distinción se basa en dos criterios: la edad y la gravedad de la infracción.
Entre los 10 y los 13 años, no cabe la detención policial. Solo puede acordarse una retención de un máximo de doce horas, prorrogable una vez por otras doce horas. El reconocimiento médico es obligatorio y la asistencia de un abogado, preceptiva desde el inicio.
A partir de los 13 años, el menor puede ser puesto bajo detención policial durante veinticuatro horas, con posibilidad de prórroga por otras veinticuatro horas. Si tiene menos de 16 años, el reconocimiento médico sigue siendo obligatorio. A partir de los 16 años, las normas se acercan a las aplicables a los adultos, aunque el marco de protección de los menores sigue vigente.
La comparecencia voluntaria constituye un tercer supuesto, menos coercitivo: el menor no está privado de libertad y puede abandonar las dependencias en cualquier momento. No obstante, cuando se le toma declaración por un crimen o un delito castigado con pena de prisión, las garantías reforzadas, en particular el interrogatorio policial a un menor en este contexto, exigen la presencia de un abogado.
Abogado obligatorio para un menor: ¿en qué casos exactamente?
A menudo se dice que el abogado es «recomendable». En realidad, cuando se acusa a un menor, la asistencia de un abogado es obligatoria desde el inicio de la medida si se trata de un crimen o un delito castigado con pena de prisión, ya sea durante una detención policial, una retención o una comparecencia voluntaria.
Si la familia no tiene abogado, no necesita buscar uno antes de acudir a comisaría. El menor o sus representantes legales pueden solicitar que se le designe un abogado de oficio. Si no se designa a ninguno, la autoridad competente debe solicitar al decano del Colegio de Abogados que designe uno.
El abogado puede asistir a todos los interrogatorios y formular observaciones. No es un mero trámite: si el abogado debía estar presente y no lo estuvo, el procedimiento puede anularse.
Derecho a guardar silencio: un derecho real, no una opción teórica
El menor tiene derecho a guardar silencio durante toda la declaración. Los investigadores deben informarle expresamente de ello. En una comparecencia voluntaria, también puede abandonar las dependencias en cualquier momento. Se informa al menor de estos derechos, pero un adolescente estresado no siempre los recuerda. Aquí es donde el papel del abogado cobra especial importancia: se asegura de que el menor entienda qué puede aceptar o rechazar.
Información a los padres y derecho a estar acompañados: límites que conviene conocer
Hay que informar a los representantes legales del menor de la medida adoptada. Tanto en caso de detención policial como de retención, la notificación se realiza sin demora. En caso de comparecencia voluntaria, también se avisa a los padres.
Este principio contempla una excepción regulada por el Código de Justicia Penal de Menores: la información puede aplazarse si va en contra del interés superior del menor o si puede comprometer significativamente el procedimiento. Esta decisión no queda a la libre elección de los investigadores, sino que debe ajustarse a un marco legal preciso.
Estar informado no significa tener derecho automático a estar presente en la sala de interrogatorios. Los padres no tienen un derecho sistemático a asistir a los interrogatorios de su hijo cuando este está acusado. Su papel se sitúa antes (designación del abogado e información sobre los hechos que se le imputan) y después (presencia cuando se le presenta ante el juez, si procede).
Menor víctima: un marco distinto
Un menor que declara como víctima no está sujeto al mismo régimen. La Defensora de los Derechos ha formulado recomendaciones específicas, en particular en su decisión n.º 2025-226, de 17 de diciembre de 2025, sobre el acompañamiento de un menor víctima por una persona adulta durante su declaración. Este marco pretende garantizar que el menor no se encuentre solo ante los investigadores, aunque no sea sospechoso.
Comprobaciones prácticas antes y durante la medida
Cuando se recibe una llamada de la comisaría, algunas medidas prácticas permiten proteger los derechos del menor desde el primer momento:
- Preguntar cuál es exactamente la medida (comparecencia voluntaria, retención o detención policial) y qué infracción se le imputa, ya que los derechos varían según el procedimiento aplicado
- Confirmar que se ha designado un abogado o solicitar expresamente que se designe uno de oficio antes de cualquier interrogatorio
- Comprobar que se ha informado al menor de su derecho a guardar silencio y, en caso de comparecencia voluntaria, de su derecho a abandonar las dependencias
- Si el menor tiene menos de 16 años y está en situación de retención o detención policial, asegurarse de que se le ha realizado el reconocimiento médico obligatorio
Estas comprobaciones no implican desconfiar de los investigadores. Se trata de obligaciones legales cuyo incumplimiento puede acarrear la nulidad del procedimiento.
La duración real de una detención policial o una retención varía en función de la complejidad de la investigación, pero también de la rapidez con la que acuda el abogado y de la disponibilidad del juez competente.
Un último aspecto que las familias rara vez prevén: las declaraciones que hace el menor durante la medida quedan recogidas en el acta y pueden utilizarse en las fases posteriores del procedimiento. Cada palabra cuenta, lo que refuerza la utilidad práctica de hablar previamente con el abogado antes del primer interrogatorio.
